El juez Baltasar Garzón ha sido condenado a once años de inhabilitación por ordenar escuchas telefónicas a los abogados de la defensa de los imputados por el caso Gürtel. Como reza la sentencia, Garzón vulneró de forma «drástica e injustificada» el derecho de defensa, tal como se acostumbra en los regímenes totalitarios. Por eso ha quedado inhabilitado como juez. Ésta es la verdad de los hechos y lo demás son lecturas mal intencionadas y nada respetuosas con la democracia, que buscan generar una nueva fractura social.
Las garantías procesales son un bien propio de los Estados de Derecho cuya finalidad última es proteger los de los ciudadanos. Por condenables que sean los casos de corrupción, nada justifica que un juez instructor como era el caso de Baltasar Garzón, se arrogue facultades que la ley de enjuiciamiento criminal no le concede. No es posible combatir un mal real al precio de un mal mayor. Y eso es lo que según el Supremo, intentó Garzón. Por fortuna el Estado de Derecho lo ha impedido.
Es intolerable que algunos reaccionen ahora llamando fascistas a los magistrados del Alto Tribunal y cuestionando un sistema de convivencia que nos ha proporcionado seguridad y prosperidad. A cuenta de Garzón, hay quien está jugando una peligrosa partida.
